FW: Levante: 22/12/05: La nulidad de PAIs por no aplicar las directivas europeas

Solicitan la nulidad de una docena de PAI por no aplicar las directivas
europeas

Los recursos advierten que podrían derivarse responsabilidades patrimoniales
Laura Ballester, Valencia

Propietarios afectados por planes urbanísticos han presentado recursos de
nulidad ante los ayuntamientos que los tramitan para solicitar la nulidad
del trámite administrativo. Los recursos han sido presentados contra
programas de actuación integrada que se tramitan en los ayuntamientos de
Castelló (contra dos PAI distintos), Vilafamés, Peñíscola, Cabanes (en
contra de Mundo Ilusión), Benicàssim, Albalat dels Tarongers, Olocau,
Cullera, Catarroja, Gandia y Benissa, Riba-roja (Porxinos) o Alicante
(Rabassa), según fuentes de la plataforma Abusos Urbanísticos No.

En el escrito se recuerda que, tal como ha advertido la Comisión Europea en
el proceso de infracción abierto contra la ley reguladora de la actividad
urbanística (LRAU), el ayuntamiento «está obligado a publicar en el diario
oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas de
los contratos de obras y servicios que tenga proyectado adjudicar, cuyos
importes sean iguales o superiores a los previstos en las directivas». La
LRAU sólo preveía su publicación en diarios, oficiales y privados,
autonómicos. Igualmente se advierte la violación de las directivas
comunitarias «impide la competencia de otros operadores de la Unión Europea
que podrían reclamar daños y perjuicios al ayuntamiento, en virtud de la
directiva CEE/89/665».
A la vista del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea,
los recurrentes consideran que cualquier resolución adoptada por los
ayuntamientos en la tramitación de un PAI, -la información pública, la
apertura de plicas- «son actos administrativos nulos de pleno derecho por
haber estado dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecidos».
Y se añade que estos actos administrativos adoptados por los ayuntamientos
son «contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades
o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su
adquisición, como sucede con la figura del agente urbanizador». También
consideran estos actos nulos «porque lesionan los derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional: a no ser privado de de la propiedad
si no es por causa de utilidad pública o de interés social y el principio de
igualdad ante la ley».
Los propietarios afectados también apuntan en su escrito que que la
retribución de terrenos al agente urbanizador es «claramente injusta, ilegal
y anticonstitucional porque se establecen valoraciones de los terrenos
claramente abusivas que, al convertirse en moneda de pago de los costes de
urbanización configura un auténtico expolio».
Por tanto, concluyen, «la aplicación por parte de los ayuntamientos de
preceptos de la LRAU claramente anticonstitucionales y contrarios al derecho
comunitario puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la
Corporación Municipal, o personal por parte de sus miembros». La Comisión
Europea, recuerdan, apercibió tanto a la Generalitat como a los
ayuntamientos del «carácter ilegal de dichas disposiciones por lo que, si no
se abstienen de aplicarlas, el compareciente se reserva expresamente la
posibilidad de reclamarlas». Los recursos se han presentado ante los
ayuntamientos, que también son la instancia que ha de resolverlos. Aunque de
ser rechazados, podrían prosperar ante un tribunal
contencioso-administrativo, según expertos en derecho consultados por
Levante-EMV.

Articulos prensa hoy: Valencia y sus leyes

 

 

Diez bufetes ingleses llevarán la LRAU al Tribunal de Estrasburgo

(El Mundo-CV, 11 diciembre)

 

Y mientras el Gobierno británico da marcha atrás en la reforma fiscal, los diez gabinetes de abo­gados de mayor enverga­dura del país dan las últi­mas pinceladas antes de llevar al Tribunales Eu­ropeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo las miles de denuncias de los afectados por la polé­mica LRAU, en su mayo­ría británicos. Se trata de un proyecto sin prece­dentes que podría obli­gar al Gobierno central a indemnizar a los perjudi­cados por la Ley del Sue­lo en la Comunidad. El impulsor de la iniciativa es el prestigioso despa­cho Irwin Mitchell, cuyos responsables advirtieron a principios del mes de octubre que la compen­sación por daños y per­juicios podría alcanzar «cantidades verdadera­mente importantes». Aseguran que las posibi­lidades de éxito están próximas al. 90%. A mitad de ese mismo mes, se des­plazó hasta la Comuni­dad uno de los letrados del bufete, Hugh Robertson, para explicar a los afectados los trámites del proceso legal de com­pensación. Además, elle­trado británico aseguró durante su visita que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tam­biéntiene previsto abor­dar aquellos casos en los que el riesgo de los pro­pietarios de perder sus viviendas sea inminente. El importante paso que están a punto de dar los diez despachos británi­cos, es fruto de más de dos años de intenso tra­bajo, de estudiar al milí­metro la enrevesada y controvertida ley que el Gobierno valenciano ha aplicado en los últimos años y de recoger todas las denuncias de los afec­tados.

«Esperamos que las demandas traigan una dosis de alivio a las miles de personas que hoy se enfrentan a la rui­na por culpa de una ley injusta», insistían desde Irwin Mitchell. Tras co­nocer la noticia, el presi­dente de Abusos Urba­nísticos No, Charles Svo­boda, quiso recordar al Gobierno valenciano que «como institución tam­bién está sometida a la ju­risdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasbur­go». En alusión a que se­rá el Gobierno central el que se haga cargo de las indemnizaciones y no el Consell «que es quien ha estado aplicando perver­samente la Ley Regula­dora de la Actividad Ur­banística durante tantos años».

 

 

LEVANTE, 11 diciembre 05

 

Un experto asegura que la construcción de los campos de golf la pagan los afectados

El abogado José Luis Ramos informa a cerca de 200 propietarios implicados en los PAI presentados en Albalat dels Tarongers, Estivella, Algímia d'Alfara y Torres Torres

 

Enric Cuenca, Estivella

La Asociación de Afectados por el PAI de Albalat dels Tarongers celebró el primer acto unitario, en el que se dieron cita los propietarios implicados por el proyecto urbanístico de Els Tarongers Golf Resort y también la iniciativa presentada por Paco Roig en los municipios de Estivella, Algímia d'Alfara y Torres Torres.

El abogado urbanista José Luis Ramos informó que en todos los PAI que se han presentado en la Comunidad se producen «dos mentiras». Una de ellas es que el valor del suelo que se propone, «es el más bajo que se puede» y la otra -según Ramos-, «es que el presupuesto que dicen es lo más elevado posible». De esta manera, y con el amparo de las leyes autonómicas, muchos empresarios pueden ser protagonistas de singulares pelotazos urbanísticos, como aseguró que es el caso de Paco Roig en su proyecto de la Baronia Golf Resort, ya que con la presentación del PAI el valor de las tierras que ha comprado en la zona «han aumentado cerca de 6 millones de euros», según Ramos.

Del mismo modo, el abogado urbanista informó a los afectados que los promotores «cometen descaros que no están contemplados por la ley» y en este sentido declaró que cuando las empresas dicen que regalan instalaciones deportivas, culturales o campos de golf, realmente estas infraestructuras «las pagan los afectados con el coste de urbanización».

Ramos apuntó que un campo de golf, «se puede construir en un suelo rústico, pero aquí el promotor tiene que hacerlo todo, mientras que si se presenta un PAI, la urbanización la pagan todos los propietarios, que es lo que puede pasar en Albalat dels Tarongers».

Intereses económicos

Con la ley en la mano, el abogado urbanista informó que las fórmulas para paralizar los PAI presentados son ofreciendo pruebas de que afectan al patrimonio natural o histórico. No obstante, Ramos advirtió que los intereses económicos que se mueven en un proyecto urbanístico de esta envergadura «son muy importantes, con unas cantidades económicas que oscilan entre los 180 y 360 millones de euros».
Asimismo, en el acto unitario convocado por los afectados de Albalat, también salió a relucir el perjuicio que sufren los propietarios en cuanto a la merma de sus parcelas, ya que que un terreno de 1.000 metros cuadrados que entra dentro de un programa de actuación integrada, se queda entre la cesión de suelos dotacionales y otras exigencias en sólo 200 metros cuadrados.

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