Reflexiones sobre el urbanismo y el Estado de Derecho
MARÍA IBÁÑEZ Y XIMO BOSCH (jueces y miembros de Jueces para la Democracia)
EL PAÍS - 28-06-2006
Los autores piden la implicación de todas las administraciones en la
"regeneración de la política urbanística" y proponen medidas como la
moratoria en la aprobación de PAI, además de una apuesta "firme" por la
persecución de los delitos en relación con la ordenación del territorio y la
protección del patrimonio y el medio ambiente
Recientemente en el XXI Congreso de la asociación Jueces para la Democracia,
celebrado los días 7, 8 y 9 de este mes en Vitoria-Gasteiz, aparte de otros
temas relacionados con el propio tema congresual Justicia y Paz, se aprobó
un documento sobre propuestas relativas a los problemas constantemente
generados por el desarrollo urbanístico incontrolado, la corrupción en este
ámbito, y lo que ello implicaba en el deterioro del Estado de Derecho que
nuestra Constitución implicaba. Ya en un anterior artículo, jueces de esta
comunidad autónoma, pertenecientes a dicha asociación hacíamos una breve
referencia a algunos de los problemas con que nos enfrentábamos en materia
de urbanismo. Por su elevado interés consideramos importante hacer hincapié
en la misma cuestión reiterando las aludidas propuestas asociativas que a
modo de síntesis, y ahora relacionadas con la legalidad y el Estado de
Derecho, se exponen a continuación.
El permanente y agrio debate social sobre la situación del urbanismo en el
litoral mediterráneo español, con especial atención a una parte de
Andalucía, a Murcia y a la Comunidad Valenciana, nos lleva de nuevo a
reflexionar y manifestar nuestra opinión para intentar aportar un poco de
luz en un conflicto excesivamente opaco.
Hasta hace no mucho, parecía correcta y adecuada la definición del urbanismo
como el conjunto de conocimientos referidos al estudio y desarrollo racional
del territorio, siendo esencial la relación del ser humano con el medio en
el que se desenvuelve y, en particular, con su tierra. Con el paso del
tiempo va planteándose la necesidad de practicar un desarrollo sostenible, y
así desde la ONU se elabora la llamada Agenda 21. Es un plan de acción
exhaustivo que había de ser adoptado universal, nacional y localmente y que
nace junto a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques,
todas firmadas por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro,
en junio de 1992. Se pretendía conciliar el desarrollo urbano con la
protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de
vida de todos los ciudadanos. Se tenían en cuenta y se asumían
responsablemente una serie de dimensiones sociales y económicas importantes,
entre ellas la lucha contra la pobreza, la dinámica demográfica y la
sostenibilidad, la protección y el fomento de la salud humana y la
integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones.
Para atender a estos fines, la actividad urbanística es ordenada en cuatro
fases: el planeamiento, la gestión (ejecución del planeamiento), la
disciplina (que comprende el restablecimiento de la legalidad urbanística
alterada y el régimen sancionador) y la regulación de los patrimonios
públicos del suelo como instrumento de intervención de los poderes públicos
en el mercado del suelo. Sin embargo, la dejación de las administraciones
públicas responsables ha ido adulterado los contenidos de dichas fases.
En la fase de planeamiento los ayuntamientos diseñan el desarrollo
urbanístico de los municipios; sin embargo, después cualquier agente
urbanizador puede alterar el proyecto a su antojo mediante determinados
instrumentos -v. gr. los PAI-. De este modo, la gestión urbanística del
planeamiento se ejecuta por agentes urbanizadores que, muchas veces,
controlan los procesos de selección y adjudicación de la gestión, manejan
los costes de ejecución y acaban monopolizando las grandes urbanizaciones,
el mercado del suelo urbanizable y las plusvalías edificatorias, sin el
debido y necesario control municipal. En muchos casos, son concretos grupos
económicos, grandes promotoras inmobiliarias e incluso algunos particulares
quienes dominan el escenario municipal, sin que los ayuntamientos ejerciten
sus potestades de disciplina urbanística, rehuyendo los enfrentamientos con
las grandes empresas y sin, incluso, hacer efectivas las demoliciones de lo
ilegalmente construido. La impunidad de muchas actuaciones en esta fase es
en ocasiones clamorosa. Y no es por falta de recursos a los que acudir. La
jurisdicción contencioso-administrativa apenas interviene en los conflictos
urbanísticos más allá de los litigios de contenido económico y de las
disputas privadas sin que se reclame, salvo en contadas ocasiones, su
intervención para el ejercicio de la acción pública en defensa de la
legalidad urbanística, como instrumento social o colectivo. De otro lado, la
creación de patrimonio público de suelo ha sido escasa. La práctica ha
demostrado que muchas veces los suelos públicos obtenidos no se han
destinado a fines sociales (viviendas, equipamientos sociales, conservación
ambiental...) sino que han sido objeto de un destino alejado en ocasiones de
los intereses públicos y cercano al de grupos económicos, empresas y agentes
privados, que han obtenido suelo público a bajo coste y con gran
rentabilidad lucrativa.
Las afirmaciones anteriores no son fruto de una mirada parcial o interesada
del fenómeno urbanístico; se apoyan en diversas evidencias:
1. El Parlamento Europeo aprobó el 5 de diciembre de 2005 el llamado Informe
Fourtou, que pone de manifiesto las irregularidades del urbanismo valenciano
y, en particular, la vulneración del Derecho Comunitario (Directivas
92/50/CEE, 93/37/CEE, 85/337/CEE, 97/11/CE, 2000/60/CE y 2001/42/CE, sobre
contratos públicos, evaluación de impacto ambiental y política del agua),
denunciando las expropiaciones leoninas, la falta de transparencia y
arbitrariedad en las adjudicaciones a los agentes urbanizadores, el
desastroso impacto en el medio ambiente, ecología de las costas y
abastecimiento de agua, haciendo responsable de ello a los Ayuntamientos y a
la Generalitat Valenciana.
2. España es el país europeo en el que más se construye, siendo la Comunidad
Valenciana la que encabeza el proceso constructivo. Sólo hace falta conocer
la realidad de nuestros municipios para comprobar la destrucción de
litorales costeros, de paisajes emblemáticos, de montes y de masas
forestales. Esta situación ni siquiera se maquilla con una política mínima
de construcción de viviendas sociales, que al parecer para los responsables
de ella no es rentable. Nuestro territorio sufre una imparable depredación
sin que las administraciones competentes tomen medidas.
3. La Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía, están en proceso de
desertización, sus acuíferos están sobreexplotados y sus reservas hídricas
son precarias. Sin embargo, se permite la construcción de
macrourbanizaciones, se potencia el turismo de piscina y campos de golf, y
no se exige la previa dotación de un servicio de abastecimiento de aguas ni
se estudia el impacto ambiental de las nuevas obras.
Muchas son las víctimas de este estado de cosas, demasiadas... Es evidente
que el urbanismo como función pública es una de ellas, como también lo es el
derecho de la comunidad a participar en las plusvalías derivadas de la
acción urbanística de los entes públicos. Pero somos los ciudadanos de hoy
quienes vamos perdiendo cada día más la posibilidad de disfrutar de un
entorno natural, viendo cómo se degrada nuestra calidad de vida. Sufrimos un
aumento desmesurado en los precios de la vivienda debido a los incrementos
de costes que generan la especulación, la ausencia de rigor y la corrupción.
Los ciudadanos de mañana, si las cosas siguen así, se encontrarán con un
país de cemento y ladrillos, sin espacios naturales, marcado por una
sobreexplotación hídrica, ambiental y costera y que afectará negativamente a
esenciales fuentes de ingresos -v. gr. la agricultura-. Y por supuesto, se
quiebra y degrada la confianza del ciudadano en las instituciones al
observar que frente a posibles y eficaces modelos de desarrollo sostenible,
se imponen los intereses de grupos económicos o particulares que, pueden
imponer sus lucrativos y exclusivos intereses con perjuicio para los de la
colectividad, desconociendo la esencia del Estado de Derecho y los preceptos
constitucionales donde se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero
se añade la función social del mismo, y donde se obliga a los poderes
públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general.
Por ello, debe reclamarse una implicación de todas las Administraciones en
la regeneración de la política urbanística. Somos conscientes de que no hay
fórmulas mágicas para solucionar la situación, pero pueden hacerse reformas
legislativas que modifiquen el marco jurídico actual, moratorias en la
aprobación de los PAI y en la tramitación y concesión de licencias
urbanísticas, el replanteo global de nuestros recursos naturales para
posibilitar un urbanismo sostenible, la efectiva aplicación de la Agenda 21,
la redefinición y potenciación del interés público y la exigencia
sistemática de estudios de impacto ambiental. Todos ellos son instrumentos
que coadyuvarían a mejorar este estado de cosas. Y por supuesto sin olvidar
una apuesta firme por la investigación y persecución en el ámbito penal de
los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del
patrimonio histórico y del medio ambiente. Para ello es necesaria una
efectiva implicación de la Fiscalía y también de los juzgados, lo que exige
la previa disposición de medios necesarios. El esclarecimiento de las
responsabilidades derivadas de este grupo de delitos contribuiría a frenar
el fenómeno que nos ocupa, del mismo modo que lo contrario, la impunidad,
contribuye a su extensión.
Por ello, reclamamos la elaboración de un plan de acción que luche contra
quien infringe, omite y desconoce la legalidad urbanística, y abordando toda
la complejidad del fenómeno, no olvide que sin fiscalías especializadas y
juzgados adecuadamente dotados, la impunidad continuará siendo una
invitación para que muchos continúen por la triste senda del deterioro de
nuestro entorno.
