El TSJ acumula en un año 800 casos contra actuaciones urbanísticas
La Sala de lo Contencioso busca vías para frenar desarrollos desmedidos y
pide más medios
SARA VELERT - Valencia - 26/11/2006
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
tiene sobre la mesa unos 800 recursos y apelaciones relacionados con la
gestión urbanística. Son sólo los asuntos registrados desde enero y reflejan
una tendencia constante al alza de los casos ligados al urbanismo, envuelto
en polémicas. Conscientes del fuerte debate, los magistrados han iniciado
una "reflexión" para buscar vías que permitan frenar crecimientos
desmedidos. La paralización de un PAI en Parcent ha sido el primer aviso. La
Sala pide más medios para actuar contra desarrollos insostenibles.
La Sala busca aplicar al crecimiento urbano los principios de sostenibilidad
La Sección Primera reúne desde hace un año los asuntos de urbanismo, medio
ambiente, patrimonio cultural y extranjería. Desde enero ha recibido unos
3.000 casos, de los cuales 800 se deben a actuaciones urbanísticas, desde
recursos contra grandes programas de actuación integrada (PAI) y planes
generales hasta licencias, pasando por expedientes de demolición de casas
ilegales y apelaciones por reparcelaciones. Además, quedan pendientes varios
centenares más en la sección encargada antes del urbanismo.
Cada vez hay más casos, y aunque no aumentan en proporción con el boom
urbanístico, la preocupación social en torno a la vorágine constructora se
extiende a los tribunales. Así, los magistrados de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo iniciaron hace unos meses un debate interno cuya
primera conclusión se ha plasmado en el auto por el que la Sección Primera
suspendió de forma cautelar un PAI de 1.500 casas en Parcent, que con un
millar de habitantes triplicaría la población. En el auto, los magistrados
afirman que el PAI no es el instrumento adecuado para un crecimiento de esa
dimensión, que debe surgir de una planificación que "pondere las necesidades
integrales del municipio y su sostenible desarrollo".
Esta aseveración es clave en la reflexión de los magistrados. El presidente
de la Sala y de su Sección Primera, Edilberto Narbón Laínez, explica que la
Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje (LOTP), a su juicio "muy
avanzada", defiende "cuotas de sostenibilidad" en el consumo de suelo, agua
o del paisaje. "Nos hemos planteado que estamos hablando de sostenibilidad
de todos los elementos excepto del urbano. En ese sentido, una población que
con un PAI pasa de 1.000 a 5.000 habitantes rompe la sostenibilidad de que
habla la ley, aunque no lo recoge expresamente", destaca Narbón, porque un
crecimiento desmedido, de golpe, quiebra el carácter de esa población.
El TSJ busca cómo encajar esa conclusión en la legislación valenciana "para
evitar excesos urbanísticos". La LOTP puede ser una vía. "Parte de un
principio general de Derecho no escrito, que es el principio de
proporcionalidad, lo que le hace fijar cuotas de sostenibilidad. Nosotros
queremos aplicar ese principio a la población para que pueda conservar su
esencia. Un pueblo que se triplica en tres o cuatro años se destruye",
subraya.
La Sala recuerda su capacidad de decidir en virtud de los principios
generales del Derecho y el criterio de actuar "acorde a la realidad social"
recogido en el Código Civil. Una realidad que invita a marcar nuevas pautas
tras una etapa en la que la doctrina del Tribunal Supremo se ha mostrado
poco proclive a la suspensión de planes urbanísticos. Y aunque el caso de
Parcent es "excepcional", ya que suma al hecho de presentar un PAI
"sobredimensionado" el que el Ayuntamiento ignorara un dictamen contrario
del Consejo Jurídico Consultivo y pretendiera ejecutarlo sin la aprobación
de la Generalitat, "ha servido para abrir esa reflexión".
El análisis no se detiene en los PAI. En opinión de Narbón, un plan general
urbano que busque triplicar el censo en menos de una década "tampoco es
razonable". En ese sentido, subraya el magistrado, el problema central no es
un instrumento concreto de gestión urbanística, sino que se trata de la
aplicación del concepto más amplio de la ordenación sostenible del municipio
y del territorio que se deriva de la propia legislación. Una responsabilidad
que "es de todos".
Sin embargo, la actuación del TSJ y la imposición de medidas cautelares topa
con la falta de medios para responder en plazos que no supongan un perjuicio
grave para los implicados. "Si cuando entra un asunto de urbanismo o
cualquier otra materia tuviéramos capacidad de resolverlo en cuatro o seis
meses, probablemente suspenderíamos muchos más planes urbanísticos. El
problema es que tardamos dos o tres años", apunta Narbón. La Sala está
sobrecargada, a lo que se suma la complejidad de los asuntos urbanísticos.
El presidente de lo Contencioso-Administrativo incide también en la
necesidad de combatir con más fuerza el principio "de que quien cumple la
legalidad urbanística es tonto", en referencia a las viviendas ilegales y la
prevención a derribarlas. La Sala envía testimonio a los fiscales sobre
casas ilegales cuando las detecta y propone que examinen recurrir al delito
de prevaricación si un Ayuntamiento multa la irregularidad pero no se
preocupa de la demolición. El magistrado resalta que la Ley Urbanística
Valenciana, que considera ha mejorado en más de un aspecto la anterior
norma, intenta poner coto a esta situación y evitar que la tardanza en
resolver las demoliciones permita entretanto usar o vender las casas. Pero
advierte de que el reglamento ha abierto "un agujero" al prever mantenerlas
cuando las casas entran en un plan urbanístico.
A la espera de más magistrados
La Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide desde hace
años entre siete y ocho magistrados más para la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano. No llegarán este año y muy
probablemente tampoco en 2007. La Sala, con tres secciones, tiene la
plantilla congelada desde 1988 con 18 magistrados. Registra anualmente una
entrada de unos 11.500 nuevos asuntos y da salida a 10.500, pero arrastra
retrasos de miles de procedimientos que sólo logra desatascar en parte con
refuerzos puntuales. En proporción con el número de magistrados, la Sala
asume un 86,85% más de casos de los previstos, con lo que es de lejos la
jurisdicción Contencioso-Administrativa más sobrecargada de España. En
segundo lugar se sitúa Murcia, con un exceso de, 31,3%. Aún así, las tres
secciones alcanzan una media de respuesta de 13,2 meses que contrasta, por
ejemplo, con Cataluña, donde tardan 21,91, según las estadísticas del CGPJ.
El presidente de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
valenciano, Edilberto Narbón, remarca esta falta de medios suficientes, al
tiempo que destaca la buena disposición del CGPJ, la Generalitat y el
Ministerio de Justicia de dar respuesta a sus peticiones. La Sala elabora un
plan de refuerzo de medios que tratará con el CGPJ y el ministerio, lo que
junto a la informatización que acomete la Generalitat, permitiría en año y
medio eliminar los atrasos, indica Narbón. Con la reducción de la montaña de
expedientes, los magistrados ganarían "capacidad de reacción" ante excesos
urbanísticos, añade el magistrado. Afectados e interesados "tienen derecho a
que en cuatro meses se les diga lo que se puede hacer o lo que no",
sentencia Narbón.
