Articulos prensa hoy: Valencia y sus leyes
Diez bufetes ingleses llevarán la LRAU al Tribunal de Estrasburgo
(El Mundo-CV, 11 diciembre)
Y mientras el Gobierno británico da marcha atrás en la reforma fiscal, los diez gabinetes de abogados de mayor envergadura del país dan las últimas pinceladas antes de llevar al Tribunales Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo las miles de denuncias de los afectados por la polémica LRAU, en su mayoría británicos. Se trata de un proyecto sin precedentes que podría obligar al Gobierno central a indemnizar a los perjudicados por la Ley del Suelo en la Comunidad. El impulsor de la iniciativa es el prestigioso despacho Irwin Mitchell, cuyos responsables advirtieron a principios del mes de octubre que la compensación por daños y perjuicios podría alcanzar «cantidades verdaderamente importantes». Aseguran que las posibilidades de éxito están próximas al. 90%. A mitad de ese mismo mes, se desplazó hasta la Comunidad uno de los letrados del bufete, Hugh Robertson, para explicar a los afectados los trámites del proceso legal de compensación. Además, elletrado británico aseguró durante su visita que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tambiéntiene previsto abordar aquellos casos en los que el riesgo de los propietarios de perder sus viviendas sea inminente. El importante paso que están a punto de dar los diez despachos británicos, es fruto de más de dos años de intenso trabajo, de estudiar al milímetro la enrevesada y controvertida ley que el Gobierno valenciano ha aplicado en los últimos años y de recoger todas las denuncias de los afectados.
«Esperamos que las demandas traigan una dosis de alivio a las miles de personas que hoy se enfrentan a la ruina por culpa de una ley injusta», insistían desde Irwin Mitchell. Tras conocer la noticia, el presidente de Abusos Urbanísticos No, Charles Svoboda, quiso recordar al Gobierno valenciano que «como institución también está sometida a la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo». En alusión a que será el Gobierno central el que se haga cargo de las indemnizaciones y no el Consell «que es quien ha estado aplicando perversamente la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística durante tantos años».
LEVANTE, 11 diciembre 05
Un experto asegura que la construcción de los campos de golf la pagan los afectados
El abogado José Luis Ramos informa a cerca de 200 propietarios implicados en los PAI presentados en Albalat dels Tarongers, Estivella, Algímia d'Alfara y Torres Torres
Enric Cuenca, Estivella
La Asociación de Afectados por el PAI de Albalat dels Tarongers celebró el primer acto unitario, en el que se dieron cita los propietarios implicados por el proyecto urbanístico de Els Tarongers Golf Resort y también la iniciativa presentada por Paco Roig en los municipios de Estivella, Algímia d'Alfara y Torres Torres.
El abogado urbanista José Luis Ramos informó que en todos los PAI que se han presentado en la Comunidad se producen «dos mentiras». Una de ellas es que el valor del suelo que se propone, «es el más bajo que se puede» y la otra -según Ramos-, «es que el presupuesto que dicen es lo más elevado posible». De esta manera, y con el amparo de las leyes autonómicas, muchos empresarios pueden ser protagonistas de singulares pelotazos urbanísticos, como aseguró que es el caso de Paco Roig en su proyecto de la Baronia Golf Resort, ya que con la presentación del PAI el valor de las tierras que ha comprado en la zona «han aumentado cerca de 6 millones de euros», según Ramos.
Del mismo modo, el abogado urbanista informó a los afectados que los promotores «cometen descaros que no están contemplados por la ley» y en este sentido declaró que cuando las empresas dicen que regalan instalaciones deportivas, culturales o campos de golf, realmente estas infraestructuras «las pagan los afectados con el coste de urbanización».
Ramos apuntó que un campo de golf, «se puede construir en un suelo rústico, pero aquí el promotor tiene que hacerlo todo, mientras que si se presenta un PAI, la urbanización la pagan todos los propietarios, que es lo que puede pasar en Albalat dels Tarongers».
Intereses económicos
Con la ley en la mano, el abogado urbanista informó que las fórmulas para paralizar los PAI presentados son ofreciendo pruebas de que afectan al patrimonio natural o histórico. No obstante, Ramos advirtió que los intereses económicos que se mueven en un proyecto urbanístico de esta envergadura «son muy importantes, con unas cantidades económicas que oscilan entre los 180 y 360 millones de euros».
Asimismo, en el acto unitario convocado por los afectados de Albalat, también salió a relucir el perjuicio que sufren los propietarios en cuanto a la merma de sus parcelas, ya que que un terreno de 1.000 metros cuadrados que entra dentro de un programa de actuación integrada, se queda entre la cesión de suelos dotacionales y otras exigencias en sólo 200 metros cuadrados.
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