Levante: 12/12/06: Recursos contra desarollos urbanísticos

Comunitat Valenciana

DESARROLLO


El Gobierno pide la suspensión de 13 planes urbanísticos y anuncia nuevos
recursos

Los tribunales han aceptado ya paralizaciones en Villalonga, Gilet y Ador
J. Sierra, Valencia.

La Delegación del Gobierno ha llevado a los tribunales 13 recursos contra
otros tantos desarrollos urbanísticos programados en la Comunitat Valenciana
y pedido a los jueces la suspensión del procedimiento administrativo

Los recursos afectan a más de 10 millones de metros cuadrados en los que
está previsto construir campos de golf y alrededor de 20.000 viviendas.
Además, la Delegación del gobierno tiene impugnados los planes generales en
tramitación de Llaurí y Venta del Moro.

El subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, confirmó ayer que la
abogacía del Estado «seguirá presentando recursos» conforme los planes
urbanísticos vayan llegando a la Comisión Territorial de Urbanismo
(CTU)-única instancia urbanística en la que la Administración General del
Estado tiene voto y participación reglada- si no cuentan con los informes
vinculantes sobre disponibilidad de recursos hídricos, riesgo de
inundabilidad o afección a dominio público, ya sean cauces fluviales o
costas.

En este sentido anunció que en en el plazo de una semana se van a formalizar
«tres o cuatro» nuevos recursos.

El subdelegado del Gobierno dijo estar «muy sorprendido» por las críticas
que el celo de la Administración del Estado ha provocado en la Generalitat
Valenciana y en algunos portavoces del PP, en especial las que acusan a los
socialistas de perseguir «solo» los planes que afectan a municipios
gobernados por el PP. «Nosotros estamos impugnando actuaciones urbanísticas
irregulares vengan de donde vengan, aunque obviamente solo tenemos capacidad
de intervención en las que llegan a la Comisión Territorial y siempre y
cuando lleguen sin alguno de los informes vinculantes que tienen que emitir
los representantes de la Administración»,precisó Luis Felipe Martínez.

Además, la Delegación del Gobierno ha presentado algunos recursos contra
acuerdos de pleno municipal en los que se han detectado irregularidades en
el procedimiento o posibles incumplimientos de la Ley de Contratos del
Estado. «Normalmente estamos al final del proceso y para cuando los
documentos llegan a la CTU la Administración valenciana ha tenido la
oportunidad de cribar todos los planes y ahí si que, a veces, ellos mismos -
en alusión al Gobierno del PP en la Generalitat- se encargan de que los
planes de muchos municipios del PSOE no lleguen a la Comisión», declaró.«Lo
realmente lamentable es que cuando alguien desde el PP intenta criticar la
postura en favor de la legalidad y de un desarrollo urbanístico sostenible
no niega que se cometen irregularidades sino que critica que estemos
actuando contra esas irregularidades.Es como decir: solo me detienen a mí
por robar y no a mi vecino que también ha robado».

Pese a la suerte dispar que han tenido hasta ahora los recursos judiciales
presentados, Luis Felipe Martínez cree que las últimas decisiones de los
jueces respaldan la posición del Gobierno. «Cabría preguntarles a los
representantes del PP su opinión sobre estas decisiones judiciales. Ellos
saben perfectamente que un juez solo puede adoptar una decisión de este tipo
-la suspensión- cuando existe apariencia de buen derecho y cuando considera
que los daños producidos si no se decreta la suspensión son de imposible
reparación», concluyó el subdelegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana.

El Pais: 11/12/06: El Gobierno (de Madrid) ha impugnado 12 PAI

El Gobierno ha impugnado un total de 12 planes urbanísticos
LYDIA GARRIDO - Valencia - 11/12/2006

La Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha presentado ante el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impugnaciones a 12 programas de
actuación integrada (PAI). Sus posibilidades legales para impugnar, tal como
explica Luis Felipe Martínez, subdelegado del Gobierno, son reducidas, pero
el equipo de abogados del Estado ha encontrado una fórmula para hacerlo casi
en el final de las tramitaciones. Así las cosas, el TSJ tiene sobre la mesa
la impugnación presentada por la Administración central de los PAI de
Cullera (por segunda vez), Godella, Llaurí, Benaguasil, Carlet, Albaida,
Riba-roja, Carcaixent, Venta del Moro y Benimuslem. A esta lista se añaden
los PAI de Gilet, Ador y Villalonga que han sido paralizados por un auto del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimando la impugnación de la
Delegación del Gobierno. Es de prever que ocurra lo mismo con el resto.
Las competencias sobre las actuaciones urbanísticas de este orden descansan
en la Administración autonómica, que es la que finalmente da el visto bueno
tras los trámites que la ley hace recaer en los ayuntamientos. La Delegación
del Gobierno tiene dos momentos procesales en los que intervenir: en una
fase inicial según el artículo 65 de la Ley de Régimen Local o al final de
la tramitación, una vez ha superado el control de la comisión territorial de
urbanismo de la Generalitat. En el primer caso, sólo puede hacerse si la
tramitación vulnera algún precepto del ordenamiento administrativo (como la
aprobación en un pleno municipal sin quorum) o si se vulnera la Ley General
de Contratos del Estado, motivo por el que la Delegación del Gobierno
presentó la impugnación del Manhattan de Cullera al ser concedida la gestión
al Ivsa sin concurso abierto y existiendo otras empresas que podían
desarrollar esa función. En ese supuesto, la Administración central cuenta
con el aval de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que se
pronunció en ese sentido. Pero la Delegación del Gobierno admite las
dificultades que intervenir en ese momento muy inicial supone por su poca
maniobra.

La segunda posibilidad se sitúa una vez el PAI ha superado el dictamen de la
comisión territorial de urbanismo. Es ahí donde, si el PAI incumple los
preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que
debe pronunciarse sobre la garantía de abastecimiento de agua, así como de
Carreteras o de Costas, la Delegación del Gobierno puede intervenir.

El Gobierno se ha encontrado con pronunciamientos dispares del TSJ. De
hecho, ha conseguido la paralización de un PAI en Gilet por no contar con
los informes preceptivos de la CHJ y no ha conseguido que se paralice en el
del Manhattan de Cullera, que cuenta expresamente con los informes
desfavorables sobre el abastecimiento de agua y los accesos por carretera.
La Delegación anuncia una nueva impugnación de ese PAI tras el auto de
paralización cautelar de Gilet.