Monday, December 11, 2006

El Pais: 11/12/06: El Gobierno (de Madrid) ha impugnado 12 PAI

El Gobierno ha impugnado un total de 12 planes urbanísticos
LYDIA GARRIDO - Valencia - 11/12/2006

La Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha presentado ante el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impugnaciones a 12 programas de
actuación integrada (PAI). Sus posibilidades legales para impugnar, tal como
explica Luis Felipe Martínez, subdelegado del Gobierno, son reducidas, pero
el equipo de abogados del Estado ha encontrado una fórmula para hacerlo casi
en el final de las tramitaciones. Así las cosas, el TSJ tiene sobre la mesa
la impugnación presentada por la Administración central de los PAI de
Cullera (por segunda vez), Godella, Llaurí, Benaguasil, Carlet, Albaida,
Riba-roja, Carcaixent, Venta del Moro y Benimuslem. A esta lista se añaden
los PAI de Gilet, Ador y Villalonga que han sido paralizados por un auto del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimando la impugnación de la
Delegación del Gobierno. Es de prever que ocurra lo mismo con el resto.
Las competencias sobre las actuaciones urbanísticas de este orden descansan
en la Administración autonómica, que es la que finalmente da el visto bueno
tras los trámites que la ley hace recaer en los ayuntamientos. La Delegación
del Gobierno tiene dos momentos procesales en los que intervenir: en una
fase inicial según el artículo 65 de la Ley de Régimen Local o al final de
la tramitación, una vez ha superado el control de la comisión territorial de
urbanismo de la Generalitat. En el primer caso, sólo puede hacerse si la
tramitación vulnera algún precepto del ordenamiento administrativo (como la
aprobación en un pleno municipal sin quorum) o si se vulnera la Ley General
de Contratos del Estado, motivo por el que la Delegación del Gobierno
presentó la impugnación del Manhattan de Cullera al ser concedida la gestión
al Ivsa sin concurso abierto y existiendo otras empresas que podían
desarrollar esa función. En ese supuesto, la Administración central cuenta
con el aval de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que se
pronunció en ese sentido. Pero la Delegación del Gobierno admite las
dificultades que intervenir en ese momento muy inicial supone por su poca
maniobra.

La segunda posibilidad se sitúa una vez el PAI ha superado el dictamen de la
comisión territorial de urbanismo. Es ahí donde, si el PAI incumple los
preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que
debe pronunciarse sobre la garantía de abastecimiento de agua, así como de
Carreteras o de Costas, la Delegación del Gobierno puede intervenir.

El Gobierno se ha encontrado con pronunciamientos dispares del TSJ. De
hecho, ha conseguido la paralización de un PAI en Gilet por no contar con
los informes preceptivos de la CHJ y no ha conseguido que se paralice en el
del Manhattan de Cullera, que cuenta expresamente con los informes
desfavorables sobre el abastecimiento de agua y los accesos por carretera.
La Delegación anuncia una nueva impugnación de ese PAI tras el auto de
paralización cautelar de Gilet.

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