El Pais: 04/06/06: El Dinero Negro en España

El dinero negro se hace fuerte en España

El valor del patrimonio decomisado en las operaciones policiales contra el
blanqueo de capitales realizadas en los últimos 12 meses supera los 4.000
millones de euros, una cifra que es 100 veces superior a la registrada en el
año 2000.

LUIS GÓMEZ - Madrid

Estas actuaciones han puesto de manifiesto ante la opinión pública la enorme
fortuna que acompaña a los delincuentes de guante blanco y la corrupción que
generan las redes de ocultación de dinero. Sin embargo, detrás de estas
operaciones está el pulso que mantienen Interior y Hacienda por hacerse con
la competencia de la policía fiscal. España es el país de Europa con más
factores de riesgo en la lucha contra el lavado de dinero.

El duelo entre ambos ministerios por el control de una policía fiscal se
está resolviendo a favor de Interior, que ha unificado y reforzado sus
unidades de investigación en materia de delitos económicos y ha
protagonizado las operaciones más espectaculares. "No creo que haya dudas de
quién es la verdadera policía fiscal", aseguró a este periódico un alto
cargo de Interior.

Y es que España es el país de Europa más atractivo para el capital sucio,
según los expertos. Aunque es un fenómeno de difícil cuantificación, hay
síntomas que desvelan la magnitud del problema. Uno de ellos, es la
proliferación de billetes de 500 euros en nuestro suelo: ya casi uno de cada
tres en circulación en toda la UE.

A la vista de estos síntomas, no es extraño que el Gobierno español se salve
con apuros del suspenso en el examen al que está siendo sometido por el
Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo intergubernamental que
promueve medidas contra el lavado de dinero. Aunque el informe final no está
concluido, fuentes consultadas por este periódico reconocen que España "ha
tenido dificultades para aprobar la mitad de las 49 recomendaciones del
Gafi". "En 11 de ellas", añade dicha fuente, "estaba suspendida y ha logrado
evitar esa nota tras muchas reuniones". Todo apunta a que el Gafi señalará
que en España hay un exceso de organismos y comisiones encargadas de la
lucha contra el fraude y que están poco coordinados. El Gafi será
especialmente crítico con el Banco de España, a quien animará para
multiplicar el número de comunicaciones sospechosas y mejorar su relación
con el Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales).
Aunque el número de estas comunicaciones creció en 2004 (de 2.414 a 1.598 en
2003) es muy bajo respecto a otros países de nuestro entorno, caso de
Francia (más de 20.000).

La opinión pública española ha asistido atónita en el último año a un
carrusel de operaciones policiales que han llevado a la superficie a una
nueva saga de profesionales de guante blanco y gustos caprichosos que ayudan
a retratar una faceta hasta ahora poco conocida: el blanqueo de dinero.

Juan Antonio Roca, un ingeniero de minas convertido por azares del destino
en gerente de urbanismo de Marbella, tenía un valioso Miró en el cuarto de
baño, un tigre en el jardín y una cuadra de pura sangre en su finca
favorita. Roca coleccionaba carruajes antiguos, se hizo edificar una capilla
decorada con tallas de la Edad Media y, entre sus cientos de posesiones
inmobiliarias valoradas en más de 2.000 millones de euros, poseía tres
palacetes en las calles más caras de Madrid.

El abogado Fernando del Valle tenía otros gustos no menos valiosos:
disfrutaba viajando en sus propios aviones, coleccionaba coches antiguos y
contrataba exclusivamente personal femenino en sus empresas. Naturalmente,
las sociedades que gestionaba tenían en su haber más de 200 inmuebles en la
costa. El valor de los bienes incautados superaba los 600 millones.

Francisco Guijarro, un discreto empresario que se dedicaba a la compra y
venta de sellos, tenía una discoteca en su chalet de La Moraleja, en Madrid,
junto a algunas obras de arte. En este caso, su gusto por el coleccionismo
era más prosaico: guardaba una bolsa con 12 millones de euros en billetes de
500 en un falso tabique.

Otros personajes detenidos en operaciones como Tacos, Saco, Florencia y un
largo etcétera tuvieron menor repercusión pública, pero no así la cuantía de
los bienes incautados.

¿Qué hay detrás de estas espectaculares operaciones sobrevenidas en tan
breve tiempo? Los expertos apuntan al empeño del anterior ministro del
Interior, José Antonio Alonso, por crear un cuerpo de policía fiscal
dependiente de su ministerio. Interior, bajo su mandato, fue muy reticente a
que esa competencia terminara siendo una exclusiva de Hacienda. En tiempo
récord, la Comisaría General de Policía Judicial ha agrupado bajo una misma
unidad a todas las brigadas de investigación en delitos fiscales,
económicos, monetarios y tecnológicos, con más de 170 policías
especializados. En algunos casos, como la sección de blanqueo de capitales,
ha triplicado los efectivos, de 10 a 30.

Los resultados han sido espectaculares y, en el intervalo entre la Semana
Santa de 2005 (operación Ballena Blanca) y la de 2006 (Malaya), la policía
ha incautado bienes y dinero por un valor que ronda los 4.800 millones de
euros, una cifra que multiplica por 100 lo obtenido en el año 2000, según
datos de Interior.

Hasta que la policía no llamó al timbre de su puerta, determinados
personajes pudieron disfrutar de sus fortunas sin que las autoridades
fiscales hubieran actuado eficazmente contra sus patrimonios, ocultos bajo
una maraña de sociedades. En algunos de estos casos, Hacienda había
detectado irregularidades pero no había pasado a la acción, un hecho que
despierta críticas entre los mandos policiales: "¿Por qué, cuando Hacienda
entiende que hay indicios de delito, no acude inmediatamente a la policía?",
se pregunta un mando policial.

La investigación del blanqueo de dinero es una actividad relativamente joven
en España, caracterizada por la dispersión de unidades y la ausencia de una
coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la Agencia
Tributaria, o lo que es lo mismo, entre Interior y Hacienda, salvo en todo
lo que afecta a los casos de narcotráfico.

La investigación de las redes financieras de las organizaciones criminales
fue durante años una asignatura pendiente, al igual que la aplicación de
técnicas policiales en la investigación del fraude fiscal. Esta ha sido una
vieja reivindicación de las organizaciones de inspectores y técnicos de
Hacienda, así como de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han
reclamado durante años sin éxito la creación de una policía fiscal bajo el
mando de Hacienda.

Por su parte, las fuerzas de seguridad contaban con unidades pequeñas,
creadas a partir de 1993 para la investigación de las tramas financieras de
los capos gallegos, que atesoraban una gran fortuna ante la pasividad de las
autoridades fiscales. Aquellas investigaciones rindieron los primeros frutos
y algunos de esos patriarcas de la droga vieron cómo disminuyó un patrimonio
repartido entre familiares y amigos insolventes. En febrero de 2003, un juez
pudo sentenciar a Manuel Charlín Gama a 104 años de cárcel por blanqueo de
capitales. La justicia pudo acreditar que la suerte de los Charlines con la
lotería tenía otra explicación: habían logrado adquirir 2.281.191 euros en
billetes de lotería premiados que correspondían a tres premios gordos de la
Lotería Nacional, uno de la Loto y un gordo del cupón de la ONCE.
Blanquearon dinero comprando décimos premiados, una práctica que ahora mismo
parece un tanto anticuada a la vista de las prácticas de los modernos
blanqueadores.

Desde entonces, la investigación del fraude fiscal y del delito económico
siguió por caminos divergentes, entre frecuentes problemas de
descoordinación. La resolución de algunos casos se alargó excesivamente en
el tiempo. El panorama resultaba preocupante en un país, como España, al que
los analistas consideraban como muy vulnerable al riesgo de blanqueo. Jesús
Mardomingo y José Antonio Montreal, expertos del bufete Cuatrecasas, apuntan
hasta 9 factores de riesgo; ser territorio natural en la entrada de drogas,
la existencia de bandas organizadas de distintas nacionalidades, tener una
economía sumergida que el mismo Banco de España sitúa en el 20% del PIB, la
indisciplina tributaria del ciudadano medio, "un régimen penal que ha dado
muestras de agotamiento", "el hecho de recibir más de 50 millones de
turistas extranjeros", el terrorismo y "la particular situación del mercado
inmobiliario".

La suma de estos factores de riesgo ha convertido a España en un país muy
tentador para la inversión de capitales sucios, sobre todo por lo que afecta
a un sector inmobiliario pujante, que admite dinero negro y ofrece
plusvalías en breve plazo. En reuniones de Europol, el cuerpo policial
europeo, funcionarios de otras policías señalaban que, en lo tocante al
movimiento de capitales, había una predisposición de las organizaciones
criminales de sus propios países a enviar su dinero a España. Podía hablarse
de una "ruta española".

La incapacidad de Hacienda para combatir adecuadamente el blanqueo de dinero
ha sido denunciada por sus propios funcionarios. "Aquí pasa algo que en el
resto de países no sucede", dice José María Peláez, presidente de la
asociación de inspectores de Hacienda. "Se elaboran muchos planes de
control, se establecen muchas líneas prioritarias, que luego no se pueden
cumplir porque no ha cambiado nuestra forma de trabajo. Son medidas
cosméticas, como afirmar que se sacarán los inspectores a la calle, que no
han servido de nada. Las unidades de investigación de Hacienda trabajan con
tan poca intensidad por falta de medios que es igual que no hacer nada. ¿Qué
puede hacer una unidad de cuatro miembros si tiene que investigar una gran
empresa al mes y sólo hay 11 unidades en toda España?". "Tenemos la
administración más avanzada del mundo para vigilar al pequeño
contribuyente", termina Peláez. "Sin embargo, en control del fraude estamos
en la Edad Media".

José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, la asociación que agrupa a
los técnicos financieros de Hacienda, ha solicitado reiteradamente que los
8.000 técnicos puedan incorporarse a las labores de inspección y lucha
contra el fraude. "Se trata de poner más medios en el control de las
empresas que más dinero facturan y en sectores tan sensibles al blanqueo
como la construcción".

Un caso paradigmático es el de Málaga. No hay puestos propios de
investigación contra el blanqueo y sólo tres unidades de auxilio judicial
(dos en Sevilla y una en Málaga) que la forman cinco subinspectores y tres
inspectores, de tal forma que la Agencia Tributaria sólo dedica dos
subinspectores a la investigación judicial de los casos Ballena Blanca y
Malaya. "¿Cuánto tiempo les va a llevar a estos dos subinspectores analizar
la documentación incautada para esclarecer estas tramas?", se pregunta
Mollinedo. Este dato contrasta con los cerca de 100 funcionarios policiales
dedicados a la investigación de ambos casos.

Hacienda no permite que los técnicos inspeccionen empresas que facturen más
de 1,8 millones de euros y sólo destina a esa labor a los inspectores (un
colectivo de 1.500 miembros de los que la mitad ocupan cargos de confianza).
Es decir que, según la relación de puestos de trabajo, hay ocho inspectores
en Málaga para analizar 2.048 sociedades que facturan entre 1,8 y seis
millones de euros. La asociación Gestha ha solicitado al ministerio a que
habilite a los más de 2.000 subinspectores actuales para colaborar en estas
labores de inspección. A estas reivindicaciones se unen los funcionarios de
Vigilancia Aduanera, que han solicitado intervenir activamente en los
trabajos de inspección.

El caso de Málaga es especialmente significativo por los problemas que se
han detectado en el transcurso de los últimos años en el seno de la Agencia
Tributaria. Allí se ha dado el caso de dos inspectores que solicitaron la
excedencia para dedicarse al asesoramiento fiscal en un despacho
independiente, inspectores que en noviembre de 2003 fueron detenidos por la
policía por intento de soborno a un inspector de Hacienda de Málaga con
ocasión de la investigación que realizaba sobre una empresa marbellí.

A pesar de todo, la inspección de Málaga había llegado a identificar
testaferros, despachos de abogados y empresas en el entorno de Juan Antonio
Roca que luego dieron lugar a la operación Malaya. También Hacienda había
detectado algunas de las empresas del entramado de la operación Ballena
Blanca. Sin embargo, estas investigaciones no progresaron. De hecho, un
informe interno en Hacienda con fecha de 5 de julio de 2001, respecto a las
empresas y testaferros de Roca (se había detectado al despacho de abogados
de Madrid), señalaba "la importancia de este entramado de sociedades",
recomendaba una "actuación coordinada" y "recabar al fiscal un informe de
delitos". Dicha recomendación no se llevó a cabo. Cinco años después, Roca
era detenido en el marco de una investigación efectuada por la policía.

Nicolás Bonilla, director de Aduanas, reconoce que se está cambiando el
diseño de las unidades de investigación en la lucha contra el fraude para
dar entrada a equipos conjuntos de inspectores y funcionarios de vigilancia
aduanera. "Estamos cambiando el rumbo y de la comprobación típica vamos
girando hacia la investigación". Bonilla habla de unos excelentes resultados
en las operaciones donde ha intervenido la Agencia Tributaria: "El 2005
doblamos los resultados del 2004 y este año vamos un 40% por encima".

La policía considera que este esfuerzo es insuficiente y reclama más
competencias para Interior: tener acceso directo a las bases de datos de la
Agencia Tributaria. La disputa por la hegemonía en la policía fiscal sigue
su curso.

Los billetes de 500 euros se disparan
La actuación policial ha puesto de manifiesto dos prácticas coincidentes en
la mayoría de los casos de blanqueo: el almacenamiento de billetes de 500
euros y la utilización de despachos de abogados para ocultar la verdadera
identidad de los propietarios de tales fortunas.

El rampante crecimiento de la distribución de billetes de 500 euros en
España no pareció alertar a las autoridades, a pesar de las quejas
policiales y de las espectaculares cifras que indicaban las estadísticas
oficiales. Así ha sido hasta que los números han hecho saltar todas las
alarmas. Según las últimas estadísticas oficiales, en la Unión Europea
circulan actualmente un total de 341 millones de billetes de 500 euros, de
los cuales ya casi la tercera parte (28,45%) se manejan en nuestro país.

El Banco de España distribuyó en marzo una circular a todos los bancos
reclamando información sobre la identidad de los demandantes de estos
billetes y las zonas donde se distribuían. Los primeros datos apuntan hacia
algo que la policía ya sospechaba: Madrid y la Costa del Sol son las
principales zonas de aprovisionamiento. Entre los demandantes hay un
enjambre de personal dedicado a la construcción, además de empresarios de
negocios intensivos, como importadores, bazares, chatarreros...

La policía tiene conocimiento de que existe un mercado negro por el cual se
paga con un 3% de comisión el cambio de billetes pequeños a billetes de 500.
"Ese dinero no siempre se queda en España", dice una fuente policial, "pero
a veces vuelve vestido de apariencia legal".

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